El grupo municipal reclama aplicar una fórmula de financiación en función de la renta y una bonificación del 95% en la licencia de obras
Ante la inspección técnica obligatoria de los edificios de viviendas colectivas con más de cincuenta años aprobada por el Gobierno del Principado y que ya se está llevando a cabo, el grupo municipal Somos Siero planteó ayer dos medidas que podría asumir el Ayuntamiento y que estarían encaminadas a aliviar los gastos de las intervenciones que deberán afrontar las comunidades de vecinos que no cumplan con el análisis de los elementos estructurales, las instalaciones, la accesibilidad y el grado de eficiencia energética de los inmuebles.
El portavoz de la formación, Javier Pintado, explicó que una de las propuestas es crear una partida de ayudas que permita financiar las actuaciones en función de la renta. «Muchas de las obras de obligada ejecución suponen un desembolso muy importante por parte de las personas propietarias que, dada la tipología de la vivienda, pueden tener dificultades para hacer frente a este gasto imprevisto y podrían producirse abandonos ante la declaración del estado de ruina», apuntó.
La otra medida consiste en establecer una bonificación del 95% de la licencia de obras. «La ordenanza fiscal municipal indica una serie de supuestos por los que los vecinos tienen una bonificación y pedimos que se incluyan en ese rango las actuaciones derivadas de la inspección», señaló.
Asimismo, Pintado recordó que la Administración estará obligada al pago del importe de la obra que exceda del 50% de lo que supondría la construcción de una idéntica de nueva planta, por lo que urgió al equipo de gobierno a disponer de una partida presupuestaria para ejercer el pago municipal de manera inmediata.
Por otro lado, el portavoz de Somos reclamó que no computen los plazos hasta que no se notifique a cada comunidad de propietarios el requerimiento de la inspección. «El alcalde informó en abril de que no daría tiempo a elaborar el censo obligatorio de edificios afectados y creemos que es injusto exigir lo que el Ayuntamiento no cumple», apuntó.
FUENTE: El Comercio.
