Estas ayudas serán complementarias a las líneas con las que ya cuentan las comunidades autónomas para proteger a los colectivos más vulnerables | La consejera asturiana de Derechos Sociales ha propuesto al ministro que se subvencionen obras en viviendas unifamiliares para favorecer las zonas rurales.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado hoy que el nuevo plan de vivienda para el periodo 2018-2021 incluirá un programa específico de ayudas para personas en situación de desahucio que, a la espera de que se concrete el importe, podría rondar entre los 150 y 400 euros al mes.
Estas ayudas serán complementarias a las líneas con las que ya cuentan las comunidades autónomas para proteger a los colectivos más vulnerables, según ha explicado el titular del departamento al término de la conferencia sectorial de vivienda que ha mantenido con las comunidades autónomas.
El objetivo es crear un fondo social de vivienda en el que los propietarios puedan incorporar aquellas viviendas vacías que lo deseen en régimen de alquiler y sea el Estado el que pague directamente la ayuda a los dueños de los inmuebles.
Con respecto a la cantidad de la ayuda, De la Serna ha agregado que aún se debe debatir y que dependerá del acuerdo que se alcance con los servicios sociales de los ayuntamientos. Esta ayuda será uno de los ejes del nuevo documento, que Fomento también quiere negociar con los partidos políticos a partir del lunes. De igual modo, De la Serna quiere mantener contactos con el sector financiero, social y de la construcción para recibir sus sugerencias y, si es posible. incorporarlas al documento final.
De hecho, las propuestas se recibirán hasta finales de este año. Posteriormente, en febrero, se contará con un borrador que se espera que cuente con el máximo acuerdo y su tramitación se iniciará en primavera. Además, Fomento y las comunidades deberán definir aún si el nuevo plan de vivienda se extenderá más allá de 2021.
El nuevo plan también se articulará en torno a las ayudas al alquiler de vivienda para las personas con menos recursos. En este sentido, se van a flexibilizar los trámites para dar más capacidad a las comunidades autónomas y que sean ellas las que establezcan la modalidad de las convocatorias.
Por otro lado, se ha acordado que el pago de las ayudas no sea mensual ya que ello dificultaba la gestión aunque aún está pendiente definir la nueva periodicidad.
Con respecto a las ayudas a la rehabilitación, regeneración y renovación urbana, se abre ahora la posibilidad de que vayan directamente a viviendas de particulares, así como a edificios residenciales pero de forma individualizada para cada piso. Fomento mantendrá reuniones con la banca a fin de establecer nuevas fórmulas de financiación. También se quieren reforzar los programas de eficiencia energética, bien elevando del 30 % al 40 % la ayuda o vinculándola a la renta. Asimismo, también se rebajará la antigüedad de los edificios y viviendas que pueden optar a ayudas a la rehabilitación. Hasta ahora el límite era el año 1981.
El plan también propone ayudas de accesibilidad por movilidad reducida y para aquellos de más de 65 años que llegarán al 75 % del coste, se ampliará más allá de tres años el periodo de carencia para los promotores y se alargará hasta finales de 2018 o, incluso hasta junio de 2019, el plazo para los proyectos de rehabilitación más complejos.
Según ha señalado De la Serna, que concretará el lunes en el Congreso las líneas estratégicas, el objetivo es insistir en las líneas fundamentales de los planes anteriores pero adaptarlas a la nueva realidad económica y evitar rigideces.
El pasado viernes, el Consejo de Ministros prorrogó además durante un año el actual plan de vivienda 2013-2016, que finaliza el próximo 31, a fin de que los beneficiarios no pierdan las ayudas a partir del 1 de enero.
Durante la Conferencia Sectorial, la consejera asturiana de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, ha propuesto al Ministerio crear un grupo de trabajo con las comunidades para elaborar el próximo plan de vivienda.
Varela, que ha trasladado al ministro las peticiones aprobadas en el Debate de Orientación Política, ha reclamado, en materia de rehabilitación edificatoria, que se subvencionen obras en viviendas unifamiliares para favorecer las zonas rurales, así como las mejoras de accesibilidad y eficiencia energética en el interior de los pisos, además de que se revise la fiscalidad de las ayudas para evitar que perjudiquen a las familias con menos recursos.
También ha solicitado que se establezca un tipo de préstamo reembolsable para las líneas de rehabilitación edificatoria; se retomen los incentivos fiscales en las declaraciones del IRPF para actuaciones de rehabilitación edificatoria, y se amplíe la financiación y el plazo para el desarrollo de las Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbana (ARRUs).
En materia de alquiler, el Ejecutivo asturiano demanda la creación de dos líneas diferenciadas de ayudas: una para familias con pocos recursos, de tramitación directa y ágil, y otra destinada a favorecer la emancipación de los jóvenes.
Además, el Principado pretende que las ayudas de eficiencia energética de edificios y viviendas se gestionen sólo desde el Ministerio de Fomento y que se recuperen algunos aspectos de otros planes, como la Reserva de Eficacia, que permitía a las autonomías con mayor nivel de ejecución del plan beneficiarse de los fondos no ejecutados de otras comunidades, o la prórroga de préstamos subsidiados a la compra de pisos protegidos para aquellas familias comprometidas en anteriores planes, posibilidad que se eliminó en el último documento.
La conferencia sectorial también ha ratificado la distribución territorial del presupuesto para subvenciones correspondientes al plan prorrogado para 2017. De acuerdo con esta distribución, Asturias recibirá 11.437.140 euros con este fin.
FUENTE: El Comercio.