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El director general de Calidad Ambiental asegura que habrá una tarifa progresiva que aumentará «si se pasan los niveles lógicos»
Los asturianos no son conscientes de lo que cuesta llevar el agua corriente hasta los grifos de sus casas ni de lo caro que es el tratamiento de sus aguas residuales antes de que sean vertidas al mar. Es más, tampoco son conscientes de que a la región no le sobra el agua, más bien todo lo contrario. «El conocimiento que la sociedad asturiana tiene sobre la gestión del agua no está al nivel de su importancia para el desarrollo económico, la calidad de vida y el medio ambiente, porque persiste el concepto de que es un recurso ilimitado y gratuito», indicó ayer Manuel Gutiérrez, director general de Calidad Ambiental, que participó en una mesa redonda que sobre ‘Agua, sociedad, divulgación’, que se celebró en el paraninfo de la Universidad de Oviedo.
Es más, según indicó, «no existe la disponibilidad que pensamos, porque tenemos un reabastecimiento escaso, no contamos con cubierta nival y la evacuación del agua de las cuencas es muy rápida». Todo eso hace que dar servicio a una población tan dispersa como la asturiana sea «difícil y caro». Según los datos, Asturias cuenta con 29 sistemas de depuración de aguas residuales urbanas más otras 350 de pequeño tamaño que dependen de los ayuntamientos, y el 86% de la población asturiana dispone de saneamiento. Eso supone un gasto de unos 35 millones de euros al año, a lo que habría que añadir el mantenimiento de las infraestructuras y la renovación de las estructuras obsoletas.
¿Cuál es la solución que ha encontrado el Principado? Se está elaborando el Plan director de abastecimiento de agua del Principado de Asturias 2017-2037 y en él se incluye un aumento de tarifas y «un impuesto del uso del agua que desincentive su derroche. Habrá una tarifa progresiva, con un mayor control de los consumos, con lo que si se pasa de unos niveles lógicos, aumentará la tarifa», explicó Manuel Gutiérrez.
Pérez-Espinosa quiso dejar claro que «porque llueva mucho no es más fácil llevar el agua a nuestras casas. No hemos conseguido que se perciba cuál es el coste real» y apuntó que solo el mantenimiento de una depuradora supone una inversión de cuatro millones de euros al año. En su opinión, «tenemos que garantizar que el suministro sea con calidad y eficiencia, al igual que el tratamiento de las aguas. Ni de lejos en los recibos del agua se paga el coste real. Hay que caminar en ir incrementando el recibo en esos costes de depuración, tratamiento, transporte e infraestructuras necesarias. Además, en la Unión Europea nos dicen que los consumidores han de pagar lo que cuesta».
Fernando Morcillo apuntó que España lleva unos diez años sin invertir en las instalaciones de suministro y saneamiento, por lo que cree imprescindible «transferir a la tarifa del agua la mayor parte de los costes, como se hace en los países del Norte de Europa, de una forma transparente que resulte más fácil de justificar y controlar». Y se atrevió a proponer cuánto debería subir la tarifa para que el sistema sea sostenible: «Hay que aumentarla un 50% sobre la actual», sentenció.
Hasta hace poco, muchas obras se hicieron con fondos europeos, que ya no están disponibles en la actualidad, por lo que la aportación ciudadana parece imprescindible.
FUENTE: El Comercio