PP y Ciudadanos exigen la comparecencia de Pola, Foro urge agilidad y Podemos e IU «que se ponga las pilas» con las inspecciones y multas
«Legislar es fácil, lo difícil es aplicar la ley y el Principado no lo está haciendo. Tiene que ponerse las pilas». La oposición parlamentaria en la Junta arremetió ayer en bloque contra el Gobierno regional. El informe realizado por EL COMERCIO que demuestra que tres de cada cuatro Viviendas de Uso Turístico (VUT) no tienen licencia en vigor -en el registro oficial de Turismo solo 74 aparecen con permiso en vigencia, mientras que en las plataformas digitales se comercializan 306 alojamientos privados en toda la región- llevará al consejero de Industria, Empleo y Turismo, Isaac Pola, a rendir cuentas al Parlamento.
Así lo ha solicitado ya Ciudadanos, cuyo diputado Armando Fernández aseguró que «hemos registrado la petición de comparecencia y varias preguntas para que responda en el pleno», iniciativa que también respalda el PP. Pedro de Rueda recordó que «en la Junta hemos preguntado en numerosas ocasiones sobre este asunto, sin respuesta. El consejero debe explicar qué está ocurriendo porque es casi un milagro encontrar un piso turístico con la placa que garantiza su legalidad».
Se refiere De Rueda a la placa en color azul con las siglas VUT y el número de licencia que garantiza que la vivienda que se comercializa como piso turístico está en regla. En el registro abierto por el Principado en agosto del año pasado, cuando publicó el decreto que pretendía regularizar lo que el sector turístico califica de «competencia desleal»,aparecen 398 solicitudes, pero solo 74 lograron licencia. El resto aparece como ‘en tramitación’.
«Pero si entras en portales de internet, como ha hecho EL COMERCIO, encuentras muchísimas más. Creo que el Principado debe hacer una gran campaña de información. La de Andalucía es muy buena: ‘Mi vivienda cumple con Andalucía’. En Navarra hicieron un estudio y descubrieron que el 50% de los propietarios no conocía la legislación».
«No hay ninguna inspección»
Una propuesta, la de mejorar la información, que comparte de lleno Foro. Su diputada Carmen Fernández explicó que «nosotros no estamos en contra de estas viviendas, pero sí creemos que la regulación es necesaria y que se deben cumplir unos requisitos para no ser fuente de competencia desleal. Pero, ante estos datos, lo que se ve es que hay un problema de excesiva burocracia para obtener las licencias, algo que se debe agilizar».
Una campaña informativa que también aplaude Ciudadanos, aunque esta formación es más partidaria de, un año después, aprobar el decreto que las regula, «hacer cumplir la ley». «No hay ninguna inspección y, claro, así tampoco puede haber sanciones. Estamos hablando de dinero negro que no controla Hacienda. Una actividad lucrativa que no genera ninguna riqueza para el Principado y sí muchas molestias. No solo por las molestias que se puedan generar a los vecinos, sino por la competencia desleal al sector turístico, el motor de la economía regional y al que no cuidamos». Una apreciación que repite desde el PP Pedro de Rueda. «No hemos creado producto turístico. Asturias sigue siendo la gran desconocida y, cuando España deje de ser un destino de récord, ¿qué va a pasar con nosotros?», se preguntó.
La ley de la selva
Para IU, lo que debe pasar es que «las administraciones, la autonómica y las locales, deben ponerse las pilas ante el evidente incumplimiento de la ley». Desde su grupo parlamentario se anunció, también, la petición de información al Principado, así como la exigencia de que «se refuerce el equipo de investigación. Esto no puede ser la ley de la selva».
Podemos ve peligrar, asimismo, el modelo turístico, «que ha provocado que un 40% de la ciudadanía asturiana no pueda permitirse una semana de viaje al año». Desde su grupo parlamentario se aseguró que la situación «puede empeorar si no se impide el siguiente círculo vicioso: más plazas turísticas provocarán un encarecimiento de la vivienda, que obligará a más personas a ofertar habitaciones de su casa para poder pagar el alquiler».
En opinión de la formación morada, la solución «no pasa únicamente por regulaciones parciales y multas a los pequeños propietarios. Necesitamos un turismo realmente sostenible, que se reparta durante todo el año, que sea territorialmente equilibrado».
FUENTE: El Comercio
