El Colegio Oficial sugiere que se permita a los promotores el recrecido en altura de los inmuebles catalogados para rehabilitar.
Las inspecciones técnicas de edificios, que el Ayuntamiento obligará a hacer a los inmuebles con más de 50 años, precisaría de subvenciones públicas a las comunidades de propietarios para que pudieran afrontar las obras de rehabilitación que se vean obligados a hacer. Así lo advirtió ayer el presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Asturias, Joaquín Antonio Suárez Colunga, quien también abogó porque se permita a las promotoras inmobiliarias el recrecido en altura de edificios catalogados, para que su rehabilitación sea viable económicamente.
Suárez Colunga participó ayer en la presentación del Congreso de Edificación Responsable e Innovadora, organizado por Working Comunicación, y que se celebrará en el Centro de Cultura Antiguo Instituto el martes y miércoles de la próxima semana.
En su intervención, el decano de los aparejadores señaló respecto a la «ITV» de los edificios que «en la mayoría de los edificios antiguos, que están en el centro de las ciudades, el hacer obras de rehabilitación para el ahorro energético es difícil y costoso y además hay que tener en cuenta que la mayoría de los habitantes de estos edificios son personas de bastante edad y en muchos casos con pocos recursos económicos. Aquí una de dos, o la administración aporta una buena parte de los recursos necesarios para corregirlos o toman medidas, como podría ser el facilitar que los promotores en edificios catalogados en los centros de las ciudades pudieran hacer algo más que rehabilitarlos, como darles alguna altura más o darles posibilidades de determinadas actividades que ahora no estarían permitidas».
Respecto al recrecido y usos de los edificios catalogados Suárez Colunga apuntó que es «algo que se está estudiando hace tiempo y que en ciudades grandes como Madrid parece que se va a llevar a efecto, pero eso va a ser mucho más difícil en ciudades medianas y pequeñas»
El decano opinó sobre las medidas de rehabilitación que se exijan a partir de las inspecciones técnicas, «vamos a ver en la práctica a quien se obliga y a quien no, porque, insisto, muchos particulares no disponen de los recursos propios para poder afrontar el coste que supone esta rehabilitación».
El representante de los aparejadores recordó que el Ayuntamiento de Gijón «fue el primer ayuntamiento que apostó por subvencionar la rehabilitación de fachadas y últimamente y en especial por el ahorro energético al mismo tiempo que se adecentan. Ha sido un ejemplo para otros muchos ayuntamientos e incluso el Principado está dotando ahora este tema, con partidas para subvencionar a las comunidades la reforma de fachadas para ahorro energético».
Suárez Colunga fue muy crítico con todas las administraciones públicas, obligadas a renovar sus edificios para mejorar su eficiencia energética, en cumplimiento del protocolo de Kioto: «En cualquier edificio público en pleno invierno se puede ver que hay lugares en los que están ateridos de frío porque las pérdidas por los ventanales son enormes y prácticamente no llega calor a los funcionarios que están ahí trabajando y otros tienen las ventanas abiertas porque tienen un radiador al lado que los está achicharrando», esto es, la administración está incumpliendo en sus edificios lo que reclama a los promotores y propietarios privados.
El decano también se refirió a los problemas para sacar adelante el PGO de Gijón: «Posiblemente el Ayuntamiento no ha elegido a las personas adecuadas para estudiar estos temas», apuntó.
FUENTE: La Nueva España.
