Las tasas de basuras recaudan 2.185 millones de euros anuales, entre 38 y 56 euros por ciudadano, pero con esas cantidades sólo se cubre el 60% del gasto municipal en recoger y tratar los residuos urbanos, evaluado en 78,3 euros anuales per cápita; el resto se obtiene con aportaciones de la caja común.
El Instituto de Estudios Fiscales ha analizado con detalle las tasas de basuras de 125 municipios, divididos en cinco estratos según su número de habitantes -de menos de 1.000 a más de 50.000- e incluyendo en la muestra todas las capitales de provincia, al objeto de dotarlo de una buena representatividad. También ha manejado datos del Ministerio de Hacienda.
El estudio ha encontrado inconsistencias al cotejar la información de los consistorios con la de las entidades supramunicipales -mancomunidades, diputaciones, cabildos insulares, etcétera- que le llevan a reducir el porcentaje de cobertura de costes de este tipo de servicios a una horquilla del 60 al 66%, frente al 82% que arroja cruzar directamente los datos del Ministerio sobre recaudación y gasto: 2.185 millones y 2.656 millones, respectivamente.
En cualquier caso, no se cubren todos los costes con las tasas porque las autoridades procuran compensar su condición de tributo regresivo -cuanto más alta es la renta del contribuyente, menor porcentaje dedica a pagarlo-, aunque resulta negativo desde una perspectiva ambiental.
Negativo ambientalmente
Desde una perspectiva ambiental es mejor que las tasas cubran los costes el máximo posible, porque aumentan las posibilidades de aplicar incentivos y penalizaciones que fomenten un comportamiento responsable, y es mucho más transparente su evaluación; además, bonificaciones y exenciones sociales pueden compensar las diferencias de renta de los ciudadanos.
En general, rara es la tasa que tiene en cuenta criterios ambientales, como el pago en función del volumen generado de residuos, o que apliquen beneficios fiscales complementarios que incentiven las buenas prácticas.
En el ámbito doméstico predominan las tasas fijas, aunque en las grandes ciudades un 64% contempla variables como el valor catastral del punto de recogida y su localización -por el coste logístico-, o el consumo de agua, que a veces se mezcla en un único recibo.
En el caso de los comercios, casi todas las poblaciones incluyen criterios como la superficie del local o el tipo de actividad, y aquí sí aparecen variables relacionadas con el tipo y el volumen de residuos, pero sólo en los municipios con más de 50.000 habitantes.
Por otro lado, hasta un 40% incluye descuentos sociales, como renta baja, jubilación, paro o familia numerosa, pero muy pocos descuentos ambientales, entre los que sobresale el uso del punto verde, la recogida separada -con contenedores adicionales-, el compostaje y el reciclado.
El pago según el volumen es testimonial
Ninguna de las capitales de provincia pondera sus tasas de basuras con el volumen de residuos de cada cual, a pesar de que el pago por generación es el sistema que mejor aplica el principio de ‘Quien contamina, paga’ y es el que mejor fomenta las buenas prácticas ambientales. En la UE, por el contrario, lo usan miles de localidades, sobre todo nórdicas, pero aquí sólo está implantado en un puñado de municipios (Esporles, Argentona, Miravet…), la mayoría de ellos catalanes.
