El Ayuntamiento obvió publicar el anuncio de la modificación de la ordenanza fiscal en un diario regional
Una de las medidas de mayor calado político, una de las diferencias que ha marcado el equipo de gobierno con sus predecesores, una medida contestada por la oposición, pero que buscaba «una fiscalidad más justa» y que aumentaba los ingresos municipales en más de tres millones de euros, está en el aire. La aplicación de un tipo diferenciado de IBI a los grandes valores catastrales podría no llegar a aplicarse por un incomprensible error administrativo. El Ayuntamiento obvió la publicación de la modificación de la ordenanza fiscal correspondiente, la 400, en «uno de los diarios de mayor circulación», tal como manda la Ley del Procedimiento Administrativo Común para dar cuenta de la información pública y hace el propio Consistorio decenas de veces cada mes cuando otorga una licencia, abre una convocatoria o aprueba el padrón de un impuesto.
En la ausencia de la publicación del anuncio hacen hincapié todos los recursos presentados contra la modificación de la ordenanza fiscal. Entre ellos, los del Colegio de Abogados, Carrefour, la patronal Fade o algunos de los propietarios de los grandes aparcamientos privados de la ciudad. Fuentes municipales confirmaron que es «más que probable» que los órganos judiciales fallen en favor de los recurrentes ya que existe abundante jurisprudencia al respecto. En cualquier caso y aunque las primeras sentencias no se esperan hasta después del verano, el recargo a las grandes propiedades «está muerto». Las ordenanzas fiscales no son el presupuesto; deben de entrar en vigor con el año o, en caso contrario, se consideran prorrogadas las vigentes. El Ayuntamiento no tiene margen para corregir este año el error.
Las mismas fuentes señalaron que el problema se halla ahora en la liquidación del tributo. Si las sentencias se demoran, el Ayuntamiento debería emitir los recibos de acuerdo con la ordenanza aprobada, aunque esta vaya a ser más que probablemente anulada. «Si se cobran esos recibos habría que devolver el dinero con intereses». Una situación que, además de indeseable, podría dar lugar a nuevas responsabilidades añadidas a las que se desprenden del error en la tramitación del cambio de la ordenanza. En principio, es responsabilidad de la secretaría general del Pleno tomar las medidas para hacer efectivo el cumplimiento de los acuerdos plenarios, pero ayer nadie quiso señalar a ningún funcionario. «Es un escenario posible, pero la modificación no ha sido anulada aún y no se puede determinar exactamente el posible coste de este error para las arcas municipales»
Tres millones menos
La consecuencia inmediata es que el Ayuntamiento, según las estas fuentes, vería reducidos sus ingresos tributarios este año en más de 3 millones de euros. La noticia puede ser buena para los (tan solo) 252 propietarios de inmuebles a los que se les aplicaba el tipo diferenciado y casi doble del IBI, pero el resto de la ciudad perderá tres millones de euros.
En ese escenario, el equipo de gobierno debería reequilibrar sus cuentas a mitad de año y compensar la disminución de sus ingresos corrientes con una reducción similar de sus gastos ordinarios. De hecho, la necesidad de aumentar el margen entre ambos para poder hacer frente al pago de los intereses ‘heredados’ de la gestión del PP de la expropiación de Villa Magdalena era el principal argumento para defender el aumento impositivo «a los grandes patrimonios de esta ciudad sin tocar el recibo del resto de 200.000 vecinos», según proclamó en su día el concejal de Economía, Rubén Rosón.
La aplicación del IBI diferenciado permitía ingresar más de 3 millones de euros que, junto a los ahorros en intereses bancarios, por el menor volumen de deuda, y la recuperación de la gestión de la Recaudación permitían evitar tener que hacer recortes por más de 9,3 millones en gasto corriente: de personal, de servicios o ayudas y transferencias.
La pérdida de estos ingresos obligará a tomar medidas. El Ayuntamiento podrá optar por hacer una no disposición de gasto (decir que esta parte presupuestada no la vamos a ejecutar) o tramitar una alambicada modificación presupuestaria que palíe o evite los recortes.
FUENTE: El Comercio.
