En plena escalada del precio de la electricidad a máximos históricos, el Ejecutivo llevó ayer a Consejo de Ministros varias medidas para beneficiar al consumidor.
La escalada del precio de la luz, que hoy subirá hasta el máximo histórico de 172,78 euros por megavatio hora (MWh), ha reventado el manido ‘escudo social’ y amenaza con crear una guerra jurídica entre el Gobierno y las eléctricas.
Las empresas eléctricas, agrupadas en la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), acusaron ayer al Ejecutivo de «crear inseguridad jurídica» con el ambicioso plan de choque que aprobó el Consejo de Ministros y que, en la práctica, supone un hachazo de 2.600 millones para el sector. En un durísimo comunicado remitido a última hora de la tarde de ayer, estas empresas denunciaron que el Gobierno no está aprobando medidas eficaces para frenar la escalada de la luz, sino tratando
de forma «injusta a un sector absolutamente comprometido con la electrificación y descarbonización de la sociedad, el desarrollo territorial y el empleo, así como la protección de los colectivos vulnerables».
En lugar de las medidas aprobadas ayer, las eléctricas reclaman ‘limpiar’ la factura de elementos que no tengan nada que ver con la electricidad y «acometer una reforma fiscal que alivie la presión a la que está sometida el recibo de la luz con altos impuestos. «Ni las empresas eléctricas se están beneficiando de los precios actuales del ‘pool’, ni los ingresos cerrados por las tecnologías hidráulica, nuclear y otra renovable permiten minoraciones de ingresos como los previstos por este real decreto», defendió ayer el sector.
Las acusaciones de las eléctricas se produjeron apenas unas horas después de que el Gobierno aprobase en el Consejo de Ministros un ambicioso plan de choque en el Consejo de Ministros con el que pretende rebajar la factura de la luz hasta un 30%. Para alcanzar ese descuento, el Ejecutivo –que pretende que la factura media alcance los 600 euros este año, una cifra similar a la de 2018– pondrá en marcha una amalgama de medidas que van desde rebajar los impuestos vinculados con la electricidad hasta limitar durante dos trimestres la tarifa regulada del gas natural. Además, el Gobierno, tal y como anunció el lunes por la noche Pedro Sánchez, incautará los beneficios ‘caídos del cielo’ de las eléctricas para redistribuir estas ganancias hacia los consumidores. El hachazo de 2.600 millones de euros antes mencionado.
El nuevo decreto, que fue presentado ayer por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, tendrá en cuenta para el recorte los beneficios por encima de los 20 euros por MWh. El texto, al que ha tenido acceso este periódico, explica que si se sobrepasa este límite, las empresas deberán ingresar los beneficios a mes vencido en las cuentas que creará la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Con esta fórmula de aplicación inmediata, el sistema eléctrico recuperará en beneficio de los consumidores unos 2.600 millones de euros hasta abril de 2022, según cálculos de Transición Energética.
Por otro lado, el Gobierno destinará 900 millones adicionales del importe recaudado en las subastas de CO2 a rebajar los cargos del sistema y a cubrir los costes del sistema eléctrico desde los 1.100 millones presupuestados para 2021 hasta los 2.000 millones durante el ejercicio, según fuentes del Ministerio de Transición Energética.
En el ámbito impositivo, la reforma amplía la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica un trimestre, hasta final de año. El Ejecutivo confía en que los productores, en tanto que sujetos obligados de dicho tributo, «podrán volver a ofertar precios más competitivos que redunden favorablemente en los consumidores». El impuesto especial sobre la electricidad se reducirá desde el 5% hasta el 0,5%.
Subastas de energía
Además, Transición Ecológica aprobará mecanismos de mercado que «fomenten la contratación a plazo de energía eléctrica mientras el grado de competencia y liquidez en los mercados a plazo así lo precise». Serán subastas de energía a largo plazo que estarán sujetas a condiciones específicas y buscan frenar la subida de los precios.
Con esta fórmula, de vocación permanente, el departamento dirigido por Ribera aprobará un calendario con una primera subasta que tendrá lugar antes de que acabe el año. Así, Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP ofertarán 15.830 GWh, equivalentes al 6,3% de la demanda eléctrica nacional en 2020.
Con estas subastas, el Gobierno quiere un proceso de compraventa más directo entre productores y comercializadores y contar con otra referencia a la hora de establecer el precio de la electricidad. Según Aelec, estas subastas ya se implantaron en 2007 y «el resultado fue una mera transferencia de rentas a determinados intermediarios».
Todas estas medidas buscan reducir la tarifa de la luz que abonan los consumidores. Pero el Ejecutivo también ha decidido intervenir el mercado del gas natural justo cuando asoma el otoño. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica explican en detalle que el Gobierno limitará al 4,4% la subida del 28% prevista para la revisión trimestral de octubre de la tarifa de gas para el consumidor doméstico. Con esta fórmula se pretende restringir hasta el próximo 31 de marzo de 2022 el impacto del coste de la materia prima en el cálculo de la tarifa de último recurso de gas natural.
Ribera precisó que con las medidas actuales la rebaja hasta final de año será de un 22%, pero si se incluyen las rebajas fiscales aprobadas en junio la reducción alcanza el 30%. Las eléctricas niegan la rebaja y amagan con acciones judiciales. La veda queda abierta.
¿Qué impacto tendrá en la factura el hachazo de 2.600 millones a las eléctricas?
El veto a los denominados ‘beneficios caídos del cielo’ causará un gran revuelo en el sector. Pero su impacto en la factura será limitado, tal y como explican fuentes del sector energético. «Si los precios del gas natural siguen disparados como hasta ahora el precio establecido en el mercado mayorista seguirá siendo alto. Es una medida más cosmética que efectiva», explican estas fuentes. Es decir, aunque se controle las retribuciones que obtienen las compañías eléctricas por vender ‘cara’ energía que han producido de forma ‘barata’, el mercado seguirá funcionando como hasta ahora. La energía que entre la última en la subasta, y por tanto la más cara, seguirá marcando el precio en el mercado mayorista. Y esta seguirá siendo el gas natural.
¿Qué ocurrirá en el mercado del gas el año que viene?
El Gobierno ha asegurado que limitará la subida del gas natural, cuya tarifa regulada (TUR) se revisa de forma trimestral, al 4,4%. Un porcentaje notablemente inferior al repunte del 28% que debería acometerse por el encarecimiento de esta materia prima. Pero este límite tiene truco, porque en realidad la subida se difiere, no se suprime. Es decir, los consumidores podríamos pagar ese porcentaje ‘olvidado’ el año que viene de forma fraccionada. Por ejemplo, podría darse el caso de que el año que viene el precio del gas baje y esto no se traslade a la factura porque se aplique la subida que ahora difiere el Gobierno.
¿Serán efectivas las subastas alternativas?
Fuentes del sector destacan que existen muchas «dudas» de que este nuevo sistema de subastas alternativo, al cual las productoras tendrían que destinar parte de su producción funcione en la práctica. Dado que la mayoría de comercializadoras y productoras están en manos de unas pocas empresas, existen temores de que estas compañías pacten una serie de precios también en este mercado secundario.
¿Se librarán de la subida los consumidores del mercado libre?
No. En este mercado los precios se pactan de forma anticipada, pero también se revisan cada cierto tiempo. Por tanto, el incremento de la luz repercutirá tarde o temprano en el bolsillo de estos consumidores. Desde el sector avisan de que algunas compañías ya están «incitando al consumidor a pasarse al mercado libre en el pico más alto de la luz. En la práctica, le ofrecen un precio que aunque ahora pueda parecer barato en realidad está inflado».
¿En qué aspectos cambiará el actual bono social?
También habrá guiños para los consumidores con menos recursos. El Ejecutivo modificará la figura del consumidor vulnerable para los hogares que cuentan con el bono social con la inclusión del denominado suministro mínimo vital. Una figura que permitirá ampliar la prohibición de corte del servicio eléctrico a los consumidores más vulnerables durante seis meses adicionales, que se sumarán a los cuatro ya existentes. Eso sí, durante este último periodo el suministro de estas familias se limitará a 3 kilovatios.
FUENTE: ABC
